"La justicia nunca me escuchó, nunca. Me echaron la culpa a mí, que yo era la responsable. La policía me dijo que yo había enterrado a mi hija en mi propia casa. Declaraban que las niñas se estaban prostituyendo y no era así la cosa...". Estas fueron las desgarradoras palabras de una de las madres de aquellas jóvenes que desaparecieron en Alto Hospicio, una zona donde según la última encuesta Casen el 35,4% por ciento de las familias viven bajo la línea de la pobreza.

Las niñas fueron acusadas de abandonar sus hogares en busca de mejores horizontes, prostitución voluntaria, drogadicción. Sus padres, de violencia intrafamiliar e incluso de ser los propios homicidas. Mientras, ellos advertían a gritos la posibilidad de un secuestro, trata de blancas o un asesinato en serie... ¿Por qué nadie los escuchó? La verdad es que la pobreza margina, no sólo en lo material, en la falta de recursos sino también discrimina a las personas. Pareciera como si aquellos padres - por el hecho de ser pobres - hubieran perdido la credibilidad en sus declaraciones y la validez de sus aportes durante la investigación. No fueron tomados en cuenta y muchos se sintieron en el derecho de predecir el destino de las niñas, con increíbles y humillantes desaciertos.

No se trata de culpar unos o a otros, sino que es una responsabilidad compartida por toda la sociedad que lamentablemente en este caso se cristalizó en las autoridades, en las policías y en la justicia. Sin embargo, estos prejuicios con que se actuó están insertos en las raíces de nuestra propia idiosincrasia. Todo por ser pobres, lo que ya implica una fuerte desventaja en cuento a los recursos económicos y a las oportunidades. Y son prejuicios dolorosos, que discriminan a las personas por lo que son, por sus dichos, en su derecho a ser creídos, a ser depositarios de confianza.